EL CASTILLO DE SANTA BÁRBARA: ¿USO O ABUSO?

La noticia del nuevo proyecto de remodelación del Castillo de Santa Bárbara, publicada el pasado viernes, 14 de diciembre, me sorprendió recién llegada de actuar como perito en una diligencia de inspección ocular en las obras del Parador de turismo que se realiza en el Castillo de Lorca (Murcia), por un supuesto delito contra el patrimonio; su contenido me produjo una particular desazón que se ha visto acrecentada al leer en días sucesivos que el proyecto presentado por la Concejalía de Cultura de nuestro Ayuntamiento contaba con el respaldo de diferentes colectivos profesionales y ciudadanos si hay «garantías para que no afecte al patrimonio histórico». Pues bien, en mi condición de docente e investigadora implicada en la documentación, difusión y puesta en valor del patrimonio histórico y, sobre todo, como ciudadana que participa en un debate que afecta a la resignificación de nuestro patrimonio urbano, me creo en la obligación moral de declarar que yo no apoyo el citado proyecto y aprovechar estas líneas para reflexionar sobre el valor social de nuestros monumentos y sobre la paradójica necesidad de intervención que parece entrañar su propia condición de elementos protegidos. Analicemos algunos puntos de este debate:

En primer lugar, el Castillo de Santa Bárbara goza de singular protección por ser un bien integrante del Patrimonio Histórico Español declarado de Interés Cultural (BIC) y dicha protección impide «toda intervención que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento», de forma que cualquier obra que le afecte a él o a sus partes integrantes debe contar con autorización expresa de los organismos competentes, como garantes del estricto cumplimiento de la letra y espíritu de la ley. Por lo tanto, las garantías reclamadas en la ejecución de este proyecto son una obligación ineludible de la Administración y su incumplimiento sería ilegal y punible. Sorprende igualmente que se celebre «el contenido continuo y variado» con el que por fin se dotará al castillo, en palabras de don Francisco Huesca García, cuando es precisamente su variado contenido histórico y cultural el motivo de su protección. Buscar nuevas justificaciones a una protección valorativa ya existente para «salvar el Benacantil» sólo puede significar la incomprensión de su valor real.

La segunda cuestión que me preocupa es cómo y por qué se interviene en un BIC protegido. Además de la preceptiva autorización, la intervención sobre el archivo histórico que constituyen los restos emergentes y enterrados de un monumento de estas características debe ser justificada y justificable y sólo puede estar dictada por la necesidad de conservar y poner en valor el propio monumento. Da la sensación de que el interés cultural que motiva su protección legal debe ser posteriormente justificado por otros valores o argumentos ajenos a su condición. Tiene razón el señor Huesca en afirmar «que los visitantes que suben hasta la fortaleza esperan ver algo» pero lo que esperan ver, lo que deberían poder ver, es el monumento documentado, expuesto y explicado de forma inteligible. Claro que hay necesidad de intervenir en el conjunto del Castillo de Santa Bárbara: la peña sobre la que se asienta se agrieta, hay filtraciones, antenas, problemas estructurales y partes cerradas, la explicación y contextualización histórica de los vestigios brilla por su ausencia, la degradación ambiental del monte es notoriaÉ pero ¿hay alguna necesidad justificada de construir un auditorio «flotante» para 1.500 personas sobre el techo de la sala cuartel Felipe II ; ¿la hay de hacer un restaurante sobre la ermita de Santa Bárbara, un interesante ejemplo de arquitectura inversa y evanescente en tanto que edificio desmontado, cuando ya existe un restaurante en el parque de la Ereta, a pocos minutos del macho de la fortaleza ; ¿la hay de pasarelas de metacrilato volando sobre eventuales excavaciones visitables, cuando todo el conjunto es ya, de por sí, una estratigrafía en pie que puede y debe hacerse inteligible Sinceramente, creo que no, que este «ambicioso» proyecto no está justificado y que la ambición no es necesariamente sinónimo de pertinencia.

E n mi opinión, se trata de un proyecto fuera de tiempo y de espacio: de tiempo, porque parece propio de las peregrinas actuaciones franquistas, cuando se construían anfiteatros al aire libre como el del castillo de los Patos en Cartagena, para dar cabida a los folklóricos Festivales de España, o cuando se concibieron piscinas sobre la misma sala cuartel o teleféricos que -curioso bucle maldito- vuelven periódicamente a las páginas de los diarios como si nuestros políticos y nosotros mismos no tuviésemos nada nuevo que pensar o decir sobre la ciudad que queremos; y fuera de espacio porque no es el lugar para llevar a 1.500 espectadores a desarrollar una actividad cultural que requiere unas necesidades de sonorización, accesibilidad, servicios y arquitectura, en suma, que no reúne, desde ningún punto de vista, ni la fortaleza en su conjunto ni mucho menos la venerable cubierta de la sala cuartel.

El castillo ya es de todos los alicantinos, en tanto que es un bien común y colectivo, pero ello no significa, como parece entenderse, que las dotaciones sociales que necesita y reclama la ciudad -palacios de congresos, auditorios, centros de salud, residencias de la tercera edad, colegiosÉ- se deban hacer sobre él. Hemos visto este proceso en el pobre y abandonado Monte Tossal, donde centros de enseñanza y dotaciones deportivas comenzaron a encaramarse a sus faldas hace mucho tiempo, ocupando alveolos del pulmón que el higienista e injustamente olvidado Doctor Rico imaginó para nuestra ciudad y donde se nos «vendió» como logro social un parque temático de la Comunidad Valenciana, con su Mediterráneo y todo, que se secó mientras se dejaba perder el parque histórico que todos conocimos y mientras se cae a pedazos la fortaleza de San Fernando que lo corona. El paisaje cultural e histórico del monte Benacantil y de su castillo ya ha comenzado a sufrir las primeras agresiones en el marco de una atmósfera de improvisación urbana en la que es patente la ausencia de un proyecto reflexivo y coherente de ciudad, en el que se prevean las necesidades y se diseñen las estrategias urbanísticas a un plazo superior a los cuatro años de una legislatura y sus consecuentes inauguraciones.

Si el Tribunal Superior de Justicia Valenciano consideró en mayo del 2005 que la construcción de un palacio de congresos en la ladera oeste del monte Benacantil dañaría la silueta paisajística del Castillo, anulando de forma plena la perspectiva del monumento, e interferiría en la imagen arquitectónica y paisajística del BIC, qué duda cabe que una intervención de la magnitud prevista (en la que hay que incluir además de los edificios planteados, los servicios que éstos requieren) dentro del propio BIC ha de tener por fuerza un impacto volumétrico y visual que, más allá de sus valores históricos y científicos, afecte a la esencia del paisaje y la imagen secularmente consolidada de la fortaleza, que pertenece a todos los ciudadanos. Se trata en definitiva de una resignificación que requiere una reflexión democrática, en la que se informe, debata, modelice y evalúe la necesidad y consecuencias patrimoniales de dicha intervención, como reclama don Manuel Alcaraz, y que ha de ser necesariamente previa a cualquier proyecto firme. Yo, como ciudadana, no quiero que «se escuchen mis sugerencias» a un proyecto cerrado, quiero que se me explique la necesidad del mismo y se discutan sus criterios antes de diseñarlo y no me basta con saber cómo se va a hacer, sino por qué y para qué. En contra de la opinión de doña Lola Alonso, vocal de Cultura del Colegio de Arquitectos, no creo que la cuestión se reduzca a hacerlo a través de un concurso, «con un proyecto adecuado y encargándoselo a las personas adecuadas». La capacitación técnica o creativa de unos profesionales no valida «a priori» la resignificación -pues no es otra cosa la intervención arquitectónica sobre un monumento-documento histórico- de un bien colectivo con significado social previo. La mejor prueba del necesario debate social es la pertinente reflexión que el pasado 15 de diciembre realizó en este mismo diario un sensato ciudadano, don Vicente Espino Paredes, al comenzar su escrito afirmando «No entiendo por qué se empeñan en darle otra utilidad al castillo de Santa Bárbara que la que ya tiene».

A principios de los años 80 pensábamos que un marco legal preciso y restrictivo, como el de la Ley de Patrimonio, bastaría para frenar su destrucción; hoy vemos que paradójicamente la figura del BIC no garantiza absolutamente nada y basta ver el estado en que se encuentran las «protegidas» torres de la huerta, descontextualizadas del paisaje cultural, antropológico y arquitectónico que les dio sentido, y con él desvanecida la posibilidad que algunos acariciamos de «toscanizar» la Condomina en lugar de «bungalowizarla». Me preocupa que algunos piensen que «con este proyecto el castillo está salvado porque se le dota de contenido» y me preocupa quizá más porque el viernes escuché, mientras ya no veía un castillo en Lorca, que gracias al parador se había conservado el castillo. No, no es cierto; gracias al parador conservaremos para el futuro un parador falsamente historicista. La verdad, como cantó sabiamente Lluis Llach, es que no era esto, compañeros, no era esto por lo que luchamos.

Sonia Gutiérrez Lloret es catedrática de Arqueología de la Universitat d'Alacant.