EL DESMONTE DE LA MUNTANYETA (II)

Cuenta nuestro miembro honorífico, Don Enrique Cerdán Tato, en la famosa Gatera que el concurso convocado para contratar la construcción y explotación de un estacionamiento de vehículos, en el subsuelo de la antigua Plaza del Caudillo (hoy, de la Montañeta), quedó desierto por falta de licitadores.
En su consecuencia, se abrió expediente de adjudicación directa a la mercantil EMAISA, cuyo director gerente, don Luis Ibarra Landete, presentó un escrito el diez de julio de 1970, solicitándola de acuerdo con el pliego de condiciones previsto para el referido concurso.
La mercantil señalada ofreció «cien pesetas por plaza y año, del número que resultase de la capacidad, una vez construido", y solicitaba que se le resolviera la duda que ofrecía "el correspondiente pliego de condiciones, de si las obras de superficie, reforma de la calzada y pavimentación, habían de adjudicarse conjuntamente al concesionario del establecimiento, de acuerdo con el proyecto que redactaron los técnicos municipales, y si el pago de su importe había de ser o no con cargo al presupuesto municipal».
En opinión del interventor, la cuantía del canon ofrecido era aceptable, ya que el Ayuntamiento no perseguía finalidad fiscal, sino conseguir que la ciudad dispusiera de un nuevo servicio que solucionara el agobiante problema del aparcamiento de vehículos en el centro (y en el que se hallaban ubicados tres organismos oficiales, como eran el Gobierno Civil, la delegación de Hacienda y la delegación del Ministerio de Obras Públicas).
El debate se centró en las obras de superficie, las cuales, en criterio de la empresa EMAISA, habían de realizarse con cargo a los presupuestos del municipio. En el informe del interventor se recoge que, tras las oportunas consultas y de acuerdo con la copia del pliego de condiciones que se solicitó a título orientativo al Ayuntamiento de Madrid, a su juicio «estas obras de reforma de calzada son municipales, si bien se ha estimado conveniente se ejecuten por el propio concesionario del establecimiento subterráneo, en evitación de fricciones, entre contratistas distintos para cada plano de la obra».
Con el visto bueno de las comisiones de Hacienda y Urbanismo, el pleno que presidía don José Abad Gosálvez, en sesión del cuatro de agosto de 1970, aprobó en su totalidad el referido informe. El contrato de explotación tenía una vigencia de cincuenta años, según el acta correspondiente de dicha sesión corporativa.


FOTO 4: Cortesía de Juan y su blog sobre Alicante "El Mortero"

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